CFPB Demanda a la Compañía Afiliada a Rent-a-Center Acima y a su Fundador Aaron Allred por Usar Prácticas Crediticias Ilegales

WASHINGTON, D.C. – La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) demandó a Acima y a su antiguo gerente general, Aaron Allred, por efectuar actividades crediticias ilegales vinculadas a tantos como cinco millones de contratos financieros con consumidores. La CFPB alega que Acima usó patrones digitales engañosos y otros trucos, para atrapar a los consumidores en contratos financieros de alto costo con los que financiaban sus compras de artículos para el hogar. Acima buscaba disfrazar muchos de estos contratos de crédito como arrendamientos, para evadir las leyes de protección financiera del consumidor. Por causa del engaño y obstrucción efectuado por Acima, muchos consumidores ignoraban que estaban acordando pagar comisiones costosas, cargos financieros exorbitantes, y que tenían sólo pocos días para retirarse de estos contratos. La CFPB ha solicitado que la corte le ordene a los acusados devolver sus ilegales ganancias, que reembolsen a los consumidores y que detengan su conducta ilegal.

“La CFPB está demandando a Acima y a su fundador, por intencionalmente diseñar su producto financiero para engañar a los consumidores y evadir las leyes federales de protección financiera del consumidor”, dijo el director de la CFPB, Rohit Chopra. “Los acusados usaron patrones digitales engañosos y otros trucos en la internet, para ocultar términos y condiciones claves en sus contratos”, continuó.

Acima Holdings y su empresa subsidiaria, Acima Digital, son empresas de financiamiento en el punto de venta que tienen su sede en el estado de Utah. En el año 2020, la compañía Rent-a-Center anunció que adquiriría a Acima Holdings por aproximadamente $1,65 millardos. Rent-a-Center, dueña de Acima, es conocida ahora como Upbound Group, Inc. (NASDAQ: UPBD). Acima fue fundada en el año 2013 por el hoy acusado Aaron Allred, quien también actuaba como su gerente general, y ha operado bajo numerosas marcas, incluyendo Simple Finance. Acima ofrece en 46 estados, un producto de financiamiento el cual tiene el propósito de constituir un producto de “lease” o arrendamiento, o “virtual arrendamiento a compra”.

El producto de financiamiento de Acima funciona de esta manera: frecuentemente los consumidores solicitan financiamiento usando una aplicación móvil, y reciben la aprobación por cierta cantidad de dinero. Luego, los consumidores buscan y seleccionan los artículos para el hogar que desean. Nominalmente, Acima compra los artículos seleccionados por los consumidores a comercios independientes asociados a ella. Entonces, les financiaba estos productos a los consumidores, usualmente por un plazo de 12 meses.

Acima diseñó su producto de crédito para entrampar a consumidores vulnerables, con pobre o limitado crédito, en obligaciones financieras que terminaron costándoles a muchos de ellos, más del 200% del costo de venta del producto. Acima frecuentemente mercadeó su producto como si fuese un crédito, pero en otros materiales, se refirió a éste como un arrendamiento. Al hacerlo, Acima les mintió a los compradores acerca de la naturaleza de sus contratos y los términos claves de los mismos. Refiriéndose algunas veces a su producto como un arrendamiento, y otras como un crédito también fue un intento de esquivar las leyes de protección financiera al consumidor que cubren solamente arrendamientos, o solamente productos crediticios.

La demanda de la CFPB alega que Acima violó la Ley de Protección Financiera del Consumidor, la Ley de Veracidad en Préstamos, la Ley de Informes de Crédito Justos y la Ley de Transferencia Electrónica de Fondos. Específicamente, la CFPB alega que Acima engañó y perjudicó a los consumidores al:

• Usar mercadeo falso: Algunas veces Acima mercadeó su producto a los consumidores como una forma de crédito para financiar la compra de artículos para el hogar. Sin embargo, muchos de estos prestatarios se enteraron después de que Acima llamaba “arrendamiento” el contrato que habían firmado. De forma engañosa, Acima también mercadeó su “opción de compra temprana” de 90 días, haciendo declaraciones que parecían indicar que ofrecía un préstamo, sin intereses, a 90 días. En realidad, la “opción de compra temprana” les costaba más a los consumidores, que el artículo que habían adquirido.
• Usar patrones digitales engañosos: Acima desplegó un proceso de solicitud diseñado para engañar a los prestatarios. Primero, les pidió que solicitaran el “financiamiento” de Acima. Una vez que aprobaba las solicitudes por ciertos montos, era entonces que los compradores seleccionaban los artículos para el hogar que querían comprar. Por algún tiempo, era solamente cuando los compradores llegaban al momento de pagar, que Acima les entregaba un contrato, el cual la compañía insistía, era un arrendamiento. E incluso en ese momento, en la aplicación móvil que la mayoría de los consumidores usaron para inscribirse, Acima ocultó y evitó mostrar el contrato durante el proceso de solicitud, usando funcionalidades de formato y diseño de la aplicación, como tamaño de letra pequeño, o cubriéndolo con ventanas emergentes o “pop-ups”.
• Entrampar a los prestatarios: Los prestatarios pensaron que podían escapar de los exorbitantes costos del contrato de Acima, devolviendo los artículos, tal y como la compañía les había prometido, pero se encontraron con que Acima había diseñado un sistema de devoluciones que hacía absurdamente difícil hacerlo. Al final, menos del 1% de todos los clientes de Acima devolvieron sus artículos.
• Fallar extensamente en el reporte del crédito: Acima reportó información inexacta acerca de sus prestatarios, la cual podría haber afectado negativamente su crédito y afectado sus posibilidades de obtener financiamiento en el futuro. Acima también falló en notificar apropiadamente a los consumidores que había reportado información negativa sobre ellos. Más aún, cuando algún consumidor indicó haber sido víctima de fraude o robo de identidad, Acima ilegalmente, se negó a investigar el reclamo, a menos que el consumidor le enviara una denuncia policial. Finalmente, Acima podría haber obtenido y usado de forma ilegal, los informes de crédito, para hacer blanco de prestatarios en situación de vulnerabilidad.

Acción Ejecutoria

De acuerdo a lo establecido por la Ley de Protección Financiera del Consumidor, la CFPB tiene la autoridad para actuar contra las instituciones que violen las leyes de protección financiera del consumidor, incluyendo aquellas que usen actos o prácticas injustas, engañosas o abusivas. La CFPB también tiene la autoridad para ejecutar la Ley de Veracidad en Préstamos y su Normativa Z de implementación, la Ley de Transferencia Electrónica de Fondos y su Normativa V de implementación. La demanda de la CFPB busca detener la supuesta conducta ilegal de la compañía, obtener reparaciones para los consumidores afectados, y la imposición de una multa civil monetaria, la cual sería depositada en el fondo de la CFPB para el alivio de víctimas (en inglés).

Lea la demanda introducida (en inglés).

Lea quejas contra Acima enviadas por consumidores (en inglés).

Los consumidores pueden enviar quejas en la página de la CFPB, o llamando al (855) 411-CFPB (2372).

Alentamos a aquellos empleados que crean que las compañías donde trabajan han violado leyes de protección financiera al consumidor, a enviar la información que tengan a la dirección whistleblower@cfpb.gov. Para saber más acerca de cómo denunciar conductas inapropiadas en su industria, visite la página de la CFPB (en inglés).

La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor es una agencia del siglo 21 que implementa y hace cumplir las leyes federales en materia financiera, y que se asegura de los mercados de productos financieros sean justos, transparentes y competitivos. Para encontrar más información visite consumerfinance.gov/es.