CFPB examina altas tarifas que reducen beneficios públicos | CFPB

WASHINGTON, D.C. – La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) publicó un nuevo reporte donde examina como los productos financieros usados para distribuir beneficios públicos, como la compensación del Seguro Social o por Desempleo, afectan la habilidad de los individuos para aprovechar toda la asistencia provista por estos programas. El reporte destaca como los distintos gobiernos frecuentemente escogen productos financieros para entregar beneficios públicos, particularmente tarjetas prepagadas, que podrían someter a las personas receptoras de estos beneficios al pago de altas tarifas, y disminuir el monto de los beneficios recibidos por los consumidores. Las diferencias en las decisiones tomadas por los estados acerca de cómo entregar beneficios como la compensación por desempleo, pueden crear desigualdad entre individuos que los reciban en situaciones similares, en distintos estados. El reporte también destaca que inadecuada atención al cliente, puede hacer que los consumidores no tengan la habilidad ni para rectificar problemas con sus cuentas, ni para acceder a fondos que podrían ser críticos para ellos.

“Cuando los programas de asistencia en efectivo drenan sus recursos en el pago de tarifas innecesarias y por causa de una pobre atención al cliente, los afectados son los individuos que los reciben y los contribuyentes”, dijo el director de la CFPB Rohit Chopra. “La CFPB continuará asegurándose de que las compañías que entreguen beneficios públicos obedezcan las leyes federales de protección financiera del consumidor, y seguirá trabajando junto a funcionarios federales y estatales para hacer que la entrega de beneficios públicos sea más efectiva”, continuó.

El reporte destaca que:

• Los beneficios públicos son erosionados por tarifas: Algunas tarjetas prepagadas cobran numerosas tarifas, como de mantenimiento, por revisión de saldo, por la atención al cliente, o por el uso de telecajeros, que disminuyen los beneficios que la gente recibe. Estas tarifas pueden reducir rápidamente el monto de fondos disponibles. De acuerdo a la Reserva Federal, en el 2020, los administradores de tarjetas prepagadas cobraron $1.3 billones en tarifas por transacciones, sobre $409 billones distribuidos en beneficios públicos.
• Las tarifas pueden ocasionar desigualdad entre estados en el acceso a beneficios: Los programas Asistencia Temporal para Familias Necesitadas y Desempleo, son administrados a nivel estatal, y en algunos casos, por administradores municipales, lo que genera variaciones significativas en la estructura y entrega de los mismos. No sólo el monto de las tarifas varía entre estados, sino también los tipos de tarifas cobradas por el acceso a efectivo provisto por la asistencia. Por ejemplo, los usuarios de tarjetas prepagadas del programa de Desempleo, pagan en algunos estados hasta $2 por usar un telecajero fuera de su red, o $14 por reemplazar su tarjeta, mientras que en otros, los receptores de beneficios no pagan nada por estos mismos servicios.
• Los individuos experimentaron inadecuada atención al cliente: Con todos los programas de beneficios públicos, los consumidores enfrentaron numerosos problemas lidiando con cobros que no reconocían y pobre atención al cliente brindada por los emisores de tarjetas. Los consumidores han expresado sus preocupaciones acerca de la existencia de protecciones inadecuadas contra transferencias no autorizadas, altos costos de reemplazo de tarjetas, e insuficientes, o por el contrario, súper sensitivos filtros contra el fraude que sólo causan demoras o el congelamiento de cuentas. Un solo problema, como descubrir un cobro no autorizado, puede crear toda una cascada de otros problemas cuando el servicio de atención al cliente no está disponible, o no responde de forma oportuna.
• Los consumidores podrían estar atrapados por la falta de opciones y de competencia: Los consumidores podrían ser empujados por una institución financieras en particular, a usar un determinado emisor de tarjetas prepagadas, en vez de hacer depósitos directos a una cuenta en alguna institución de su escogencia. Cuando los beneficiarios tienen pocas opciones para recibir sus beneficios, no se genera presión competitiva en las compañías para actualizar sus productos, o brindar un servicio de atención centrado en el cliente. Esto también podría crear el riesgo de que las compañías se aprovechen injustamente de aquellos beneficiarios que estén encadenados en una relación con un proveedor en particular.

Aunque las preocupaciones identificadas por la CFPB no se limitan solamente a la asistencia en efectivo provista a través de tarjetas prepagadas, el reporte se enfoca en particular en este tipo de asistencia, dados los problemas recurrentes específicos que han surgido con la entrega de beneficios a través de este método. Las tarjetas prepagadas frecuentemente cobran numerosas tarifas que reducen el monto de fondos disponibles para los consumidores que más los necesitan.

Para asegurarse de que aquellos involucrados en la entrega de asistencia en efectivo, cumplan con las obligaciones establecidas por las leyes, la CFPB monitoreará y tomará acciones contra las entidades que violen las leyes federales de protección financiera del consumidor. La CFPB previamente tomó acción (en inglés) contra las entidades que dejaron abandonados durante el pico de la pandemia, a desesperados consumidores que recibían asistencia gubernamental.

Adicionalmente, los hallazgos mostrados en este reporte serán compartidos con las agencias federales y estatales que administran programas de beneficios públicos, para apoyar sus esfuerzos en pro del aumento de la competencia, o también para resolver los problemas mostrados en el reporte.

Lea el reporte Beneficios Públicos y Protección al Consumidor (en inglés).

Los consumidores pueden enviar quejas en la página de la CFPB, o llamando al (855) 411-CFPB (2372).

La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor es una agencia del siglo 21 que implementa y hace cumplir las leyes federales en materia financiera, y que se asegura de los mercados de productos financieros sean justos, transparentes y competitivos. Para encontrar más información visite consumerfinance.gov/es.